En esta sentido, el Instituto atendió un total de 6,344 asuntos, distribuidos de la siguiente manera:
- Familiar, Civil y Mercantil: 1,127 casos.
- Laboral: 272 casos.
- Penal: 4,945 casos.
Y como parte del programa de Jornadas Penitenciarias, el Instituto de la Defensoría Pública realizó importantes actividades en distintos centros penitenciarios de Quintana Roo, brindando asistencia y asesoramiento legal a personas privadas de la libertad.
- Centro Penitenciario de Cancún (Benito Juárez, 16 de febrero):
Se atendieron a 500 personas privadas de la libertad, tanto hombres como mujeres.
Participaron defensores públicos del sistema oral, tradicional y de ejecución de sentencias.
Se contó con el acompañamiento de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo (CDHEQROO). - Centro de Retención de Playa del Carmen (1 de abril):
Aproximadamente 200 personas privadas de la libertad, entre procesados y sentenciados, recibieron asistencia legal.
Se ofreció apoyo emocional para mejorar el bienestar y la salud mental de los internos. - CERESO Chetumal (10 al 13 de junio):
280 personas privadas de la libertad fueron atendidas por defensores públicos de todo el estado.
Las acciones abarcaron diferentes etapas del proceso, incluyendo ejecución de sentencias, procesos, segunda instancia y el sistema tradicional. Actividad coordinada con la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
En el año 2024, el Instituto de la Defensoría Pública también destacó por su trabajo conjunto con la Defensoría Pública Federal, la Agencia Alemana de Cooperación Internacional (GIZ) y el Poder Judicial de Quintana Roo, para fortalecer el acceso a la justicia, especialmente para las mujeres. Este esfuerzo busca mejorar la atención legal y garantizar los derechos de este sector poblacional.
Las acciones realizadas en 2024 son una muestra del compromiso del Instituto de la Defensoría Pública con la justicia social y la dignidad humana. Al brindar representación, asesoría y apoyo integral, no solo se garantiza el acceso a la justicia, sino también se impulsa la reinserción social y el respeto a los derechos humanos.